Derecho de preparatoria

Derechos de propiedad, autoridades y tribunales en el Derecho agrario

El sistema ejidal y comunitario

Para iniciar con este tema, es necesario que recuerdes que el Derecho agrario es una disciplina del Derecho que se encarga de normar, regular y dirimir las controversias entre sujetos y núcleos agrarios.

Los ejidos y las comunidades son formas de propiedad social colectiva. Tanto en la Ley Agraria como en la práctica, no hay mucha diferencia en cuanto a derechos jurídicos de ambas.

La diferencia se basa principalmente en la forma de adquisición de los bienes. En la comunidad se dispone del territorio de manera previa, pero antes de su reconocimiento, que puede ser por medio de restitución, resolución judicial o jurisdicción voluntaria. El ejido obtiene sus bienes por reparto o expropiación agraria.

Los núcleos agrarios y los sujetos cuentan con la protección legal sobre las tierras. Su fundamento constitucional se encuentra en el artículo 27 fracción VII, que establece los elementos para su regulación:

  1. Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas.

La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela.

  1. La ley establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras.
  2. La ley establecerá los procedimientos para transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población
  3. Fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela
  4. En caso de enajenación de parcelas se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley.
  5. Dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser titular de más tierra que la equivalente a 5% del total de las tierras ejidales.
  6. La asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la organización y funciones que la ley señale.
  7. El comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea.

Las tierras de los ejidos y las comunidades son definidas como propiedad social colectiva y sus características son:

El ejido

El ejido es una sociedad de interés social con personalidad jurídica y patrimonio propio. Se integra por el conjunto de tierras y los recursos con los que dispone, con la finalidad de satisfacer las necesidades de los individuos que son parte de éste mediante su uso y explotación.

Tal vez tú vivas en un ejido o conozcas alguno y es muy probable que estés identificado con su organización y administración.

Los hombres y mujeres titulares de derechos ejidales son considerados como ejidatarios y para adquirir esta calidad es necesario ser mexicano mayor de edad o avecindado del ejido correspondiente.

Los avecindados son sujetos, que siendo también mayores de edad, han residido en el ejido por lo menos un año y son reconocidos por la asamblea ejidal o el tribunal agrario competente.

La situación del ejidatario es hereditaria, es decir, que ellos pueden elegir a quienes puedan sucederle designándolo por escrito, pero si no sucediera así, los derechos los heredará el cónyuge, concubino, descendientes o ascendientes en ese orden.

Los derechos de ejidatario se pierden por medio de cesión de derechos parcelarios y comunes, por renuncia, que también implica una transferencia al núcleo agrario.

Un ejido se administra y funciona mediante sus órganos y su reglamento interno. Los órganos son:

  1. La asamblea es el órgano supremo y está conformada por todos los ejidatarios.
    Se reúne en el ejido por lo menos una vez cada seis meses por convocatoria del comisario ejidal o del consejo de vigilancia que se publicará con anticipación y la cual mencionará: lugar, fecha y asuntos a tratar.

Las resoluciones se tomarán por la mayoría de los votos. En caso de empate el comisario ejidal tendrá el voto de calidad. De cada asamblea se levanta un acta que firman los miembros del comisariado y del consejo de vigilancia.

  1. El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido.

Estará constituido por un presidente, un secretario y un tesorero propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente (Ley Agraria, artículo 32)

  1. El consejo de vigilancia es el órgano del ejido que se encargará de vigilar que el comisariado actúe conforme a la Ley Agraria y al reglamento interno del ejido. Estará constituido por un presidente y dos secretarios quienes actuarán conjuntamente.

Para ser miembro de un comisariado o del consejo de vigilancia se requiere:

  1. Ser ejidatario del núcleo de población de que se trate
  2. Haber trabajado en el ejido durante los últimos seis meses
Asamblea general en el ejido Casas Grandes. http://www.el diariodechihuahua.mx

3. Estar en pleno goce de sus derechos
4. No haber sido sentenciado por delito intencional que amerite pena privativa de libertad.
(Ley Agraria, artículo 38)

Los integrantes deberán trabajar en el ejido por los 3 años que dure su encargo.

  1. La junta de pobladores es un órgano de participación ciudadana integrada por ejidatarios y avecindados del núcleo de población que podrá hacer propuestas sobre cuestiones relacionadas con el poblado, sus servicios públicos y los trabajos comunitarios del asentamiento humano.

La integración y funcionamiento de las juntas de pobladores se determinará en el reglamento que al efecto elaboren los miembros de la misma y podrá incluir las comisiones que se juzguen necesarias para gestionar los intereses de los pobladores.

El reglamento interno del ejido es el conjunto de reglas organizativas al interior de éste y tiene como fin:

• Establecer las bases generales para su organización económica y social.
• Establecer los requisitos para admitir nuevos ejidatarios
• Las normas para el aprovechamiento de las tierras de uso común

Dicho reglamento se inscribe en el Registro Agrario Nacional (Ley Agraria, artículo 10).

Las comunidades

La propiedad comunal es el patrimonio constituido por un inmueble y sus derechos sobre éste –mediante los procedimientos establecidos en la Ley Agraria–, apro- vechado por el conjunto de los habitantes de un pueblo, que lo tienen como parte indivisa entre sí (González, 2014: 201).

El reconocimiento de una comunidad se da por procedimiento judicial ante las auto- ridades agrarias, en este caso ante el Tribunal Unitario Agrario. Estos procedimien- tos pueden implicar:

I. Restitución de propiedades por despojo.
II. Conversión de ejido a comunidad.
III. Litigio.

Por cualquiera de los procedimientos para determinar la calidad de comunidad se deberá inscribir en los registros Público de la Propiedad y Agrario Nacional.

Según la Ley Agraria, la comunidad implica el estado individual de comunero y, en su caso, le permite a su titular el uso y disfrute de su parcela y la cesión de sus derechos sobre ésta en favor de sus familiares y avecindados, así como el aprovechamiento y beneficio de los bienes de uso común en los términos que establezca el estatuto comunal. El beneficiado por la cesión de derecho de un comunero adquirirá la calidad de comunero (Ley Agraria, artículo 101).

Su órgano de representación es el comisariado de bienes comunales, quien se rige en los términos que establezcan el estatuto comunal y la costumbre.

Derechos de Propiedad

Antes de comenzar con este tema es necesario hacer algunas aclaraciones ya que en materia agraria los derechos de propiedad están ligados a las formas de “tenencia de la tierra”.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida como FAO (por sus siglas en inglés, Food and Agriculture Organization), la tenencia de la tierra:

Es la relación, definida en forma jurídica o consuetudinaria, entre personas, en cuanto individuos o grupos, con respecto a la tierra (por razones de comodidad, “tierra” se utiliza aquí para englobar otros recursos naturales, como el agua y los árboles). La tenencia de la tierra es una institución, es decir, un conjunto de normas inventadas por las sociedades para regular el comportamiento. Las reglas sobre la tenencia definen de qué manera pueden asignarse dentro de las sociedades los derechos de propiedad de la tierra. Definen cómo se otorga el acceso a los derechos de utilizar, controlar y transferir la tierra, así como las pertinentes responsabilidades y limitaciones. En otras palabras, los sistemas de tenencia de la tierra determinan quién puede utilizar qué recursos, durante cuánto tiempo y bajo qué circunstancias (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 2003).

La tenencia de la tierra comprende tanto la posesión como la propiedad, la cual se
puede clasificar según nuestro Derecho positivo en:

  • Propiedad privada
  • Propiedad estatal o correspondiente a la federación
  • Propiedad comunal y ejidal
  1. La propiedad privada. El primer párrafo del artículo 27 constitucional señala: “La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada”.

Así la propiedad privada asigna derechos a un sujeto privado, ya sea individuo, sociedad, etc., y excluye su uso a los demás individuos.

  1. La propiedad estatal o correspondiente a la federación, sobre la cual tiene dominio el propio Estado o el gobierno de alguna entidad federativa o autoridad estatal. Esto también se encuentra regulado en el artículo 27 constitucional.
  2. Las tierras ejidales comprende el núcleo de población ejidal o han sido incorpora- das a éste, por su destino se dividen en:

a) Tierras para el asentamiento humano: integran el área necesaria para el desarrollo de la vida comunitaria del ejido, compuesta por los terrenos en que se ubique la zona de urbanización y su fondo legal (Ley Agraria, artículo 63).
b) Tierras de uso común: constituyen el sustento económico de la vida en comunidad del ejido y están conformadas por las tierras que no hubieren sido especialmente reservadas por la asamblea para el asentamiento del núcleo de población, ni sean tierras parceladas (Ley Agraria, artículo 73).
c) Tierras parceladas: la porción de tierra que el ejidatario disfruta libremente y que tiene que trabajar en forma personal; de estas tierras el ejidatario tiene los derechos de aprovechamiento, uso y usufructo.

De acuerdo con la FAO (2003) en algunas ocasiones puede ser útil simplificar la representación de los derechos de propiedad identificando los siguientes componentes:

  • Derechos de uso: derechos a utilizar la tierra para el pastoreo, producción de cultivos de subsistencia, recolección de pequeños productos forestales, etcétera.
  • Derechos de control: derechos a tomar decisiones sobre la forma de utilizar la tierra, en particular a decidir qué cultivos deben plantarse y a beneficiarse financieramente de su venta, entre otros.
  • Derechos de transferencia: derecho a vender o a hipotecar la tierra, a cederla a otros mediante reasignaciones intracomunitarias, a transmitirla a los sucesores mediante herencia y a reasignar los derechos de uso y control.
Derechos de uso de las tierras.

Autoridades y tribunales en la materia

Autoridades no judiciales en materia agraria

I. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano es la institución de la Administración Pública Federal cuyo propósito es planificar, coordinar, administrar, generar y ejecutar las políticas públicas de ordenamiento territorial, asegurar una vivienda digna, un desarrollo urbano y rural, así como otorgar certeza jurídica a los núcleos agrarios; buscando mejorar la calidad de vida de los mexicanos, prevenir los asentamientos en zonas de riesgo y coadyuvar en caso de fenómenos naturales para la atención inmediata.

Sus objetivos son:

  • Promover el ordenamiento y la planeación territorial como articuladores del
    bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo.
  • Incentivar el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos, los centros de población y las zonas metropolitanas.
  • Consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus habitantes.
  • Fomentar el acceso a la vivienda mediante soluciones habitacionales bien ubicadas, dignas y de acuerdo con estándares de calidad internacional.
  • Promover el desarrollo de los núcleos agrarios mediante acciones en materia de certeza Jurídica territorial, productividad, suelo, vivienda rural y gobernabilidad.

Programas

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano apoya a mujeres, hombres y jóvenes que habitan en núcleos agrarios, por medio de programas que permiten la generación de empleo, mejoran las condiciones de vida, reducen la pobreza, etcétera. Entre los programas actuales de la Sedatu actualmente destacan:

I. Vivienda digna: se otorgan subsidios a los hogares mexicanos en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar, con carencia de calidad y espacios de la vivienda para que adquieran, construyan, amplíen o mejoren sus viviendas.
II. Vivienda rural: se otorgan subsidios para que los hogares mexicanos rurales, en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar, con carencia de calidad y espacios de la vivienda adquieran, construyan, amplíen o mejoren sus viviendas.
III. Hábitat: programa que articula los objetivos de la política social con los de la política de desarrollo urbano y ordenamiento territorial del gobierno federal, para contribuir a reducir la pobreza urbana y mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas urbanas marginadas.
IV. Consolidación de Reservas Urbana
V. Programa de Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares (PASPRAH): apoya con $10,000 a los hogares en situación de pobreza que habitan en asentamientos humanos irregulares para que cuenten con certeza jurídica respecto a su patrimonio mediante la obtención de su escritura o título de propiedad.
VI. Programa de Fomento a la Urbanización Rural (FUR): apoya a las localidades rurales del país (población menor a 2,500 habitantes) con alto y muy alto grado de rezago social ubicadas en núcleos agrarios, para la elaboración de proyectos ejecutivos de infraestructura urbana comunitaria y para la ejecución de proyectos de construcción de infraestructura urbana comunitaria.
VII. Programa Apoyo a Jóvenes Emprendedores Agrarios: fomenta el relevo generacional en la tenencia de la tierra, apoyando a los jóvenes de núcleos agrarios para adquirir o rentar tierra social. Los beneficiarios reciben asistencia técnica y capacitación para instrumentar proyectos productivos sustentables que mejoren sus ingresos y nivel de vida, arraigándolos en sus comunidades.
VIII. Ordenamiento Territorial y Esquemas de Reubicación de la Población en Zonas de Riesgo.
IX. Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales.
X. Rescate de Espacios Públicos: contribuir a mejorar la calidad de vida y la seguridad ciudadana, preferentemente de la población en condición de marginación, mediante el rescate de espacios públicos en las ciudades y zonas metropolitanas. Rescatar espacios públicos a nivel nacional con deterioro, abandono e inseguridad, en ciudades y localidades urbanas integradas en zonas metropolitanas, para el uso y disfrute de la comunidad y, con ello, propiciar la sana convivencia.
XI. Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos (PRAH): atiende a las personas que habitan en los municipios y las delegaciones en el Distrito Federal susceptibles al efecto destructivo de fenómenos hidrometeorológicos y geológicos. Uso eficiente de los recursos naturales y propiciar la sustentabilidad ambiental, ordenación territorial y desarrollo urbano.
XII. Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda “Esta es tu Casa”: promueve el acceso a la vivienda, preferentemente para la población en situación de pobreza y busca fomentar la calidad de la vivienda, establecer los mecanismos para que se respete el entorno ecológico, la preservación y el uso eficiente de los recursos naturales y propiciar la sustentabilidad ambiental, ordenación territorial y desarrollo urbano.

Fuente: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2013). Recuperado de: http://www. sedatu.gob.mx/sraweb/conoce-la-secretaria/mis-vis-obj/

II. Registro Agrario Nacional (RAN)

Es un órgano desconcentrado de la Sedatu que tiene a su cargo el control de la tenencia de la tierra y brinda seguridad jurídica documental derivada de la aplicación de la Ley Agraria. Sus funciones se encuentran establecidas en el artículo de dicha normatividad al señalar que el RAN deberá:

I. Llevar clasificaciones alfabéticas de nombres de individuos tenedores de acciones de serie T y denominaciones de sociedades propietarias de tierras agrícolas, ganaderas o forestales.
II. Llevar clasificaciones geográficas de la ubicación de predios de sociedades, con indicaciones sobre su extensión, clase y uso.
III. Registrar las operaciones que impliquen la cesión de derechos sobre tierras ejidales y la garantía a que se refiere el artículo 46, así como las de los censos ejidales.
IV. Disponer el procesamiento y óptima disponibilidad de la información bajo su resguardo.
V. Participar en la regularización de la tenencia de la tierra ejidal y comunal en los términos que señala el artículo 56 de esta ley.

El RAN también cuenta con un par de programas que permiten cumplir con sus funciones:

  • Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR): brinda asesoría legal y asistencia técnica a los núcleos agrarios que lo soliciten, para que tengas seguridad jurídica y patrimonial, así como certeza documental sobre tus tierras (RAN, 2015 ).

La atención que se da es para núcleos agrarios de nueva creación, no regularizados y certificados parcialmente, el proceso se grafica en la imagen siguiente.

Proceso para solicitar el registro al FANAR. Fuente: http://www.pa.gob.mx/pa/transparencia/fanar.html
  • Modernización del Catastro Rural Nacional: es de vital importancia que la información sobre la propiedad social en México esté actualizada y disponible, para ello el RAN tiene una plataforma que administra y opera los servicios y trámites que ofrece.
  • Esta plataforma se llama Sistema Integral de Modernización Catastral y
    Registral (SIMCR) y entre sus funciones se encuentran:
  • Incluir información pormenorizada de la propiedad social en México (ejidos y comunidades), que es actualizada en el momento mismo que los usuarios del RAN realizan algún trámite.
  • Dar un servicio más rápido, eficiente, de mejor calidad con la información que
    tiene ; con una consulta ágil de expedientes y documentos vía internet.
  • Actualizar automáticamente la información del catastro rural y permitir visualizar cada núcleo agrario por parcela, áreas de uso común y solares urbanos.
  • Permitir la consulta vía internet de los usuarios, en conocer en qué fase va su trámite, lo que transparenta el trabajo de la institución.
  • Observar la información registral y catastral de manera georreferenciada.
  • El SIMCR genera información estadística y opera en el Centro Nacional de Información de la Propiedad Social.

Fuente: Sedatu (2015). Modernización del catastro rural nacional. Disponible en: http://www.ran. gob.mx/ran/index.php/programas/modernizacion-del-catastro-rural

Autoridades judiciales en materia agraria

I. Procuraduría Agraria

La Procuraduría Agraria es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de la Reforma Agraria (Ley Agraria, artículo 134).

Si bien la Ley Agraria todavía lo indica de esta manera, en el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal”, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el
02 de enero de 2013, se dispuso la transformación de la Secretaría de la Reforma
Agraria en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)

Servicios:

Actualmente la institución cuenta con 17 servicios institucionales y en todos los casos es requisito que el sujeto agrario acredite su personalidad e interés jurídico.

ServiciosDescripción
1. Atención de audienciaMediante este servicio se orienta e informa a los sujetos agrarios
o grupos campesinos que acuden ante la Procuraduría Agraria,
sobre las acciones que se deben realizar para el ejercicio de
sus derechos contemplados en la Ley Agraria o bien, canalizarlos
ante las instancias competentes para su atención.
2. Asesoría jurídicaConsiste en orientar a los sujetos agrarios, respecto de sus derechos
en materia y el procedimiento para ejercerlos.
3. Representación legalRepresentar legalmente a los sujetos agrarios en los juicios en los que son parte,
procurando que la justicia agraria sea honesta, pronta y expedita.
4. Quejas y denunciasA través de este servicio se pretende atender con oportunidad y eficacia las quejas y
denuncias que presentan ante la Procuraduría Agraria los sujetos agrarios, por actos,
omisiones o excesos de sus servidores públicos de los tres niveles
de gobierno (federal, estatal y municipal), que violen la legislación agraria o
por las irregularidades en que incurran los miembros del comisariado ejidal o
de bienes comunales en perjuicio de los derechos agrarios de los sujetos
agrarios individuales o colectivos.
5. Gestión administrativaServicio que tiene como finalidad la atención de los diversos asuntos planteados
por los sujetos agrarios, que estén en trámite o deban resolver autoridades o
instancias administrativas.

Para otorgar el servicio se recaba información, orienta al promovente del servicio
y finalmente se requiere a la instancia competente para que, en su caso,
de termine lo procedente respecto a la petición del interesado.
6. ConciliaciónProcurar la solución de controversias en materia agraria que se generen
entre sujetos agrarios, entre estos y terceros, con motivo de la aplicación de la Ley Agraria,
a través de la conciliación, con el propósito de solucionar conflictos en el menor tiempo posible.
7. ArbitrajeSustanciar el procedimiento arbitral en que no prosperó la conciliación,
con el propósito de solucionar conflictos, evitando ventilarlos en otras instituciones legales.
8. PericialesOtorgar servicios periciales, topográficos y de auditoría contable,
en los procedimientos administrativos o jurisdiccionales
(conciliación, arbitraje, juicio agrario o de amparo) en materia agraria.
9. Emisión de opinión y dictámenesEmisión de opinión sobre la aportación de tierras de uso común a sociedades civiles o
mercantiles, emisión de dictamen de terminación del régimen ejidal.
10. Figuras asociativasEste servicio se proporciona a los ejidos y comunidades con el objeto de que puedan
constituir asociaciones y sociedades integradas por sujetos agrarios, sus familiares y
campesinos en general, con el objeto de realizar actividades productivas para
mejorar su nivel de vida, conformando el patrimonio de estas figuras, aportaciones y financiamiento, en su caso, del gobierno en sus tres niveles y de los sectores social
y productivo.
11. Convenios y contratosEs el servicio que se otorga a los núcleos de población ejidal o comunal, así como,
a los ejidatarios o comuneros con el objeto de conjuntar sus voluntades para
celebrar contratos que impliquen el uso de sus tierras, de uso común o parceladas,
según sea el caso, por un tercero sin que sea requisito fundamental para la autorización
de la asamblea, cuando el núcleo agrario se encuentre certificado de conformidad con las disposiciones del artículo 56 de la Ley Agraria.
12. Asesoría y participación en asambleas
13. Creación, modificación o extinción de la propiedad social
14. Fortalecimiento de la organización interna de los núcleos agrariosServicio que se otorga a los núcleos de población ejidal o comunal, así como,
a los ejidatarios o comuneros con el objeto de conjuntar sus voluntades para celebrar contratos que impliquen el uso de sus tierras, de uso común o parceladas, según sea el caso, por un tercero sin que sea requisito fundamental para la autorización de la asamblea,
cuando el núcleo agrario se encuentre certificado de conformidad con las disposiciones del artículo 56 de la Ley Agraria.
15. Promoción, asesoría, gestión y acompaña- miento para el desarrollo sustentable de los núcleos agrariosAcceso a programas y servicios gubernamentales

Intervención institucional para el desarrollo rural sustentable
16. Denuncias de excedentes de la propiedad ruralMediante este servicio se atienden las denuncias que se presentan contra personas físicas o morales que poseen una superficie mayor de tierras a la permitida legalmente; este acto inicia con el procedimiento correspondiente para determinar y en su caso enajenar los terrenos excedentes.
17. Capacitación a sujetos agrariosMediante este servicio se busca capacitar a los sujetos agrarios fortaleciendo los conocimientos respecto de sus derechos en materia agraria y la forma de ejercerlos, coadyuvando con la atención de sus necesidades en materia de certeza jurídica,
fomentando el desarrollo rural sustentable y en consecuencia, el mejoramiento de su calidad de vida.
Fuente: Elaboración propia con información de la Procuraduría Agraria, (2013).

II. Los tribunales agrarios

Órganos federales dotados de jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos correspondientes a la administración de justicia agraria en todo el país.
Los tribunales agrarios se componen de:

a) El Tribunal Superior Agrario integrado por cinco magistrados numerarios, uno de los cuales lo presidirá y tiene su sede en el Distrito Federal.

Este tribunal conocerá de:

  1. Recurso de revisión contra sentencias dictadas por los tribunales unitarios en juicios sobre límites de tierras, restitución de tierras, juicios de nulidad de resoluciones emitidas por autoridades agrarias.
  2. Conflictos de competencia entre tribunales unitarios.
  3. Establecimiento de jurisprudencia.
  4. Impedimentos y excusas de los magistrados tanto del tribunal superior como de los tribunales unitarios.
  5. Excitativas de justicia cuando los magistrados del propio Tribunal Superior no formulen sus proyectos o los magistrados de los tribunales unitarios no respondan dentro de los plazos establecidos.

b) Tribunales unitarios agrarios a cargo de un magistrado numerario.

Los tribunales unitarios conocerán, por razón del territorio, de las controversias que se les planteen en relación con tierras ubicadas dentro de su jurisdicción, conforme a la competencia que les confiere este artículo.

Los tribunales unitarios serán competentes para conocer:

  • De las controversias por límites de terrenos entre dos o más núcleos de población ejidal o comunal, y de éstos con pequeños propietarios, sociedades o asociaciones.
  • De la restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población o a sus integrantes, contra actos de autoridades administrativas o jurisdiccionales, fuera de juicio, o contra actos de particulares.
  • Del reconocimiento del régimen comunal.
  • De juicios de nulidad contra resoluciones dictadas por las autoridades agrarias que alteren, modifiquen o extingan un derecho o determinen la existencia de una obligación.
  • De los conflictos relacionados con la tenencia de las tierras ejidales y comunales.
  • De controversias en materia agraria entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre sí, así como las que se susciten entre éstos y los órganos del núcleo de población.
  • De controversias relativas a la sucesión de derechos ejidales y comunales.
  • De las nulidades previstas en las fracciones VIII y IX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia agraria, así como las resultantes de actos o contratos que contravengan las leyes agrarias.
  • De las omisiones en que incurra la Procuraduría Agraria y que deparen perjuicio a ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecindados o jornaleros agrícolas, a fin de proveer lo necesario para que sean eficaz e inmediatamente subsanadas.
  • De los negocios de jurisdicción voluntaria en materia agraria.
  • De las controversias relativas a los contratos de asociación o aprovechamiento de tierras ejidales.
  • De la ejecución de laudos arbitrales en materia agraria.

Fuente: Secretaría de Educación Pública. (2015). Derecho I y II. Ciudad de México.